Las organizaciones no gubernamentales, y las personas que laboran en el área de la prostitución, informan sobre la complicidad policial y del abuso de las personas que ejercen la prostitución, inclusive en las zonas conocidas por el tráfico sexual infantil. La Ley 137-03 de 2003 prohíbe todas las formas de trata de personas y prescribe penas de hasta 20 años de prisión con multas-sanciones muy severas y acorde con las prescritas para otros crímenes graves, tales como la violación